Derechos Humanos
General de la V Brigada deberá responder por ejecuciones extrajudiciales en contra de campesinos
En virtud de los acontecimientos sucedidos el 16 de marzo de 2007, que causaron el homicidio de los campesinos Daniel Torres Arciniegas y su hijo menor Roque Julio Torres Torres, este 26 de junio fue condenado, por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, el Teniente Marco Fabián García Céspedes a 26 años de prisión.
Además, la sentencia condenatoria involucra al General Torres Escalante y expresa que: "...atendiendo las graves acusaciones hechas, en contra del entonces Coronel Torres Escalante, comandante para la época de los hechos, de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia; del Mayor Carlos Alirio Buitrago Bedoya, comandante del BCG No.65, adscrito a la XVI Sexta Brigada y de los comandantes del B2 y B3 a quienes no identificó, se dispone remitir copias de dicha diligencia, así como de la presente sentencia, con destino a la Fiscalía General de la nación, para que adelante las investigaciones que sean del caso por los hechos denunciados...".
Esta compulsa de copias surgió a partir de las graves acusaciones que en desarrollo de la audiencia de juicio hizo García Céspedes y en las que sin lugar a dudas aparece el General Torres Escalante como el principal instigador y promotor de la muerte de los dos campesinos y la posible desaparición forzada de una mujer, previamente detenida por los militares enjuiciados, y movilizada en un vehículo oficial de las fuerzas militares.
El niño Roque Julio, además de sufrir constantes hostigamientos y maltratos por cuenta de militares de la Brigada XVI, había sido testigo de la muerte del joven Hugo Edgar Araque, meses antes de ser asesinado a manos de integrantes de esta Brigada, la misma que se encuentra involucrada en los crímenes de Roque y su padre, por cuyos hechos había declarado ante las autoridades competentes.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, viene llevando a cabo las actividades y acciones judiciales necesarias, en favor de las víctimas, para lograr una pronta y efectiva respuesta de la administración de justicia, con miras a desenmascarar a los máximos responsables de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.